La ola de amenazas de tiroteos ha mantenido en vilo a las comunidades educativas de Chaco, provocando distintas medidas preventivas, como operativos de seguridad en distintos establecimientos y allanamientos donde secuestraron armas, celulares e incluso detuvieron a varios menores que realizaron dichas amenazas.
Al momento, son 153 las escuelas que recibieron amenazas dentro de la provincia.
Ante esto, fuentes judiciales confirmaron que avanzan con las citaciones de padres de menores involucrados en las amenazas a declarar por «intimidación pública», un delito previsto y tipificado por el artículo 211 y 212 del Código Penal de la Nación Argentina.
«La idea es darle entre 2 a 6 años de prisión, pero no efectiva», expresaron sobre una posible pena.
Sin embargo, también se busca la responsabilidad civil, todo lo relacionado a los gastos de los distintos operativos realizados en distintos puntos de la provincia. El costo estimado de cada procedimiento policial escala a los 4 millones y buscarán que dicho monto «a cada tutor de los menores identificados».
La medida adoptada en Chaco no es un caso aislado. En la provincia de Santa Fe, el gobierno y la justicia ya han avanzado en una dirección idéntica. Allí, las autoridades confirmaron que ya identificaron a decenas de responsables y han iniciado demandas civiles para que los padres afronten multas que, en algunos casos, superan los 6 millones de pesos.
«Es el costo exacto que tuvo para los santafesinos cada intervención. Si no se lo cobramos a quien lo causó, lo terminan pagando todos los contribuyentes», sostuvo Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad santafesino, al revelar la cifra por la que el gobierno de Santa Fe intimó a los padres del autor de una amenaza escolar.
Chaco busca replicar este modelo para frenar una tendencia que, según especialistas, comenzó como un reto viral pero ha escalado hasta saturar los recursos de seguridad pública y afectar el derecho a la educación de miles de alumnos.
fuente:diariochaco
