En el día de hoy martes 19 se conoció que la Procuración General del Chaco designó a la fiscal de Cámara Verónica Andrea Bastos para intervenir junto al fiscal de investigaciones Nº 3 Dr. Marcelo Fabián Soto en la causa que comenzó hace más de 3 meses.
Paradójicamente, esta “novedad” a meses de iniciada la investigación penal, llega luego de que un funcionario cercano al intendente municipal fuera imputado formalmente por delitos graves como incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y malversación de caudales públicos, todos en concurso ideal.
Recordemos que hace solo una semana, esto es el martes 12 de mayo, el todavía secretario de gobierno local Diego Landriscina fue imputado formalmente por Soto.
Esto, inmediatamente dio inicio a una cataratas de afrentas hacia el fiscal original de la causa, lo que hace dudar sobre todo lo que rodea a la causa y a esta aparición de los jefes de los fiscales de la provincia.
Porque ahora, como en el «caso Cecilia», donde un grupo de fiscales dio soporte procesal a la compleja causa, en este caso de la Bolsa se duda sobre la particularidad de esta decisión a más de 3 meses de iniciada la investigación.
En el famoso Cecilia», apenas iniciada la investigación estuvo bajo la supervisión de los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Fernando Pato Gómez y Nelia Vázquez de la Fiscalía Especial de Violencia de Género N.º 4 del Ministerio Público Fiscal. Pato Gómez apenas asumió el gobernador radical Leandro Zdero, fue elevado al cargo de ministro de gobierno.
Lo cierto es que, más allá de los condimentos que rodean a la causa Bolsa y su complejidad, se viene investigando pérdidas por más de 2 mil millones de pesos en las operaciones financieras realizadas por la Municipalidad de Sáenz Peña en la Bolsa de Comercio del Chaco, lo que ahora se suma una arista más, que es la incorporación de una fiscal más -Verónica Bastos- al equipo investigador de la fiscalía 3 que encabeza Marcelo Soto.
La decisión fue tomada por el procurador subrogante Hugo Miguel Fonteina y, según trascendió, responde a la “trascendencia institucional” del caso y a “señales procesales extrañas y declaraciones públicas llamativas”.
Lo cierto es que desde ahora, los dos fiscales, Soto y Bastos deberán firmar conjuntamente todas las medidas judiciales de la causa.
Aunque no se sabe a ciencia cierta si el rol de la fiscal ayudante Bastos será de control de toda la causa, de colaboración por la complejidad o si existen intereses desconocidos ante la designación a tantos meses.
ULTIMOS MOVIMIENTOS Y SOSPECHAS:
Apenas sucedida la imputación formal a Diego Landriscina por parte del fiscal Soto, comenzaron todos los dardos contra la actuación fiscal, tanto por parte del abogado del intendente Cipolini como de los defensores Molero Chapo. Ataques que sorprendieron por su omisión en la parte inicial de la causa, cuando el fiscal aún no imputaba a ninguno de los denunciados.
Ahora, al parecer el detonante de las afrentas contra Soto con recusaciones, comentarios sobre su actuación fue la del día 12 de mayo, cuando uno de los denunciados fue procesalmente imputado por tantos delitos.
Ahora, tanto efecto tuvo la escueta explicación de Soto ante algunos medios sobre las posibilidades de las partes investigadas para ser objeto de estas reacciones de las defensas?.
Lo cierto es que desde el día 12 de mayo y con el secretario de gobierno de Sáenz Peña imputado, se comenzó a tirar de la cuerda del rol del fiscal Soto.
Durante estos últimos días comenzaron versiones de todo tipo, se dudó del rol del fiscal como nunca antes; de sus dichos sobre cuestiones meramente genéricas; se promovió una “recusación” solo porque el fiscal adujo que entre los denunciados se podrían dar más imputaciones formales (algo lógico).
Todo eso fue utilizado por las defensas para ir contra la actuación fiscal, al parecer, porque ahora les parecía un fiscal imparcial. Algo que antes no parecía serlo.
Por ej. también surgieron otros supuestos cobros de comisiones del funcionario por otros montos millonarios, lo que fue tomado como publicaciones apócrifas por parte de los abogados defensores de Landriscina.
Según la documentación que comenzó a aparecer, se trataban de cuatro nuevas facturas emitidas por el funcionario a la entidad, bajo el concepto de «comisiones por manager», por un monto total cercano a los 50 millones de pesos. Entre ellas, se destaca la correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2025, por un total de $44.059.320,21, la de mayor volumen dentro del conjunto.
Respecto a ello, la defensa del funcionario municipal expresó su enojo, ya que en una entrevista radial, el abogado Marco Molero comentó que la supuesta factura adulterada vinculada a su defendido, el contador Diego Landriscina, se trataba de información falsa y, según explicó, existía una factura auténtica emitida oportunamente por Landriscina a la Bolsa de Comercio por un monto cercano a los cuatro millones de pesos. Sin embargo, sostuvo que el documento habría sido manipulado de manera maliciosa para aparentar un valor diez veces superior.
También este movimiento de la Procuración General de la Provincia surge cuando se comenzaron a conocer otros datos que no pudieron ser cerrados con el famoso acuerdo que firmaran la Bolsa y el Municipio local.
Intento de cerrar el tema que quedó frustrado con la salida a la luz de otros temas sensibles en este caso.
FUNDAMENTOS DE LA INCORPORACION DE LA FISCAL NUEVA:
Según trascendió por fuentes judiciales, la Procuración decidió designar a la Fiscalía de Cámara como «oficina colaborativa» para llevar adelante en conjunto el accionar investigativo en la denominada causa de la Bolsa de Comercio, un expediente que adquirió fuerte trascendencia institucional y política en Sáenz Peña y en toda la provincia.
En los fundamentos, la Procuración sostuvo que la intervención conjunta responde a «la trascendencia social e institucional de los hechos», además de la gravedad de las maniobras investigadas y los bienes patrimoniales comprometidos.
Además, Fonteina también sostiene que «la especificidad de la temática abordada, así como también a la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal y al principio de unidad de actuación que lo rige, resulta necesario que la intervención institucional en autos se desarrolle en un marco de acción único e indivisible»
