El oficialismo modificó su estrategia y trabaja para imponer la exigencia de dos tercios en la sesión del jueves. Con acuerdos avanzados con bloques dialoguistas, busca impedir que prospere la interpelación a Manuel Adorni y postergar el debate sobre su situación patrimonial.
La disputa por la interpelación de Manuel Adorni sumó en las últimas horas un nuevo capítulo en el Senado. Cuando parecía encaminado el tratamiento impulsado por la oposición, La Libertad Avanza decidió modificar su estrategia parlamentaria y ahora apuesta a que cualquier intento de llevar el tema al recinto requiera una mayoría agravada de dos tercios.
Si ese criterio se impone durante la sesión prevista para el próximo jueves, harán falta 48 votos para habilitar el debate. En ese escenario, la oposición quedaría lejos de alcanzar el número necesario y el oficialismo tendría margen para bloquear la iniciativa con apenas un puñado de apoyos adicionales.
La maniobra permitiría al Gobierno evitar, al menos por ahora, que el funcionario deba responder preguntas específicas sobre el incremento patrimonial que es investigado por la Justicia. De prosperar la estrategia libertaria, Adorni recién expondría el 2 de julio durante un informe de gestión, instancia en la que podría responder o no las consultas formuladas por los senadores.
En paralelo, la titular de la bancada libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, trabajaba para modificar el acta de Labor Parlamentaria. Ese acuerdo había establecido que la citación del funcionario podía avanzar sin dictamen de comisión y con una mayoría absoluta de 37 votos, una interpretación que había sido aceptada a partir de los argumentos planteados por José Mayans.
El jefe del interbloque justicialista había sostenido que el artículo 101 de la Constitución Nacional, que contempla la interpelación al jefe de Gabinete y la moción de censura, es “operativo” y por lo tanto no requiere otro paso previo más que reunir la mayoría absoluta de la Cámara.
Ahora, el oficialismo rechaza esa postura y pretende aplicar de manera estricta el reglamento parlamentario. Según esa interpretación, cualquier proyecto debe contar con dictamen de comisión y respetar los plazos correspondientes o, en su defecto, conseguir los dos tercios para ser tratado sobre tablas.
La discusión también tiene impacto en otros sectores del Congreso. Mantener el criterio de mayoría absoluta hubiera complicado la posición del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien históricamente defendió la necesidad de contar con dictamen o alcanzar los dos tercios para habilitar debates excepcionales.
Mientras tanto, persisten dudas sobre el mecanismo que se utilizará para resolver la controversia. Una posibilidad es convocar nuevamente a la reunión de Labor Parlamentaria. La otra es que el criterio de los dos tercios se imponga directamente en el recinto mediante una votación.
El conteo de votos muestra un escenario favorable para el Gobierno. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y podría llegar a 24 con el acompañamiento de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical Silvana Schneider. Con un respaldo adicional, como el del mendocino Rodolfo Suárez, alcanzaría los 25 votos necesarios para bloquear la iniciativa.
A ese grupo podrían sumarse también Julieta Corroza, Edith Terenzi y Carlos “Camau” Espínola, quienes aparecen entre los potenciales aliados de la Casa Rosada. En la UCR, en tanto, todavía no existe una posición unificada y el tema será discutido entre lunes y martes en reuniones virtuales.
Del otro lado se alinean los 25 integrantes del interbloque peronista encabezado por Mayans, los tres representantes de Convicción Federal vinculados a los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, además de la salteña Flavia Royon.
La oposición también apuesta a sumar a los macristas Martín Goerling Lara y María Cristina Huala, a Beatriz Ávila y a los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama para intentar acercarse al número requerido.
En medio de las negociaciones, surge una alternativa que podría modificar los tiempos del debate. Para convencer a algunos sectores dialoguistas, el oficialismo evalúa habilitar el tratamiento previo del proyecto en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto. Ese recorrido parlamentario estiraría la discusión hasta agosto, ya que en julio el Congreso atravesará el receso invernal.
fuente:dataclave
