EI Ministerio Público Fiscal y en tiempo récord archivó una denuncia penal presentada por los diputados provinciales de la oposición que descubrieron contrataciones de la Administración Tributaria Provincial (ATP), tanto por los servicios de consultoría de diagnóstico canalizados a través de ECOM Chaco S.A. por $1.887 millones como por el concurso público para la «modernización de ATP».
Pero también este paquete de dinero preveía una contratación superior a los $30.000 millones.
Resolución en tiempo récord: Ahora, en tiempo récord, la resolución, firmada el lunes por el fiscal Víctor Osvaldo Recio, fue notificada a los denunciantes a menos de 24 horas de la interpelación legislativa a la administradora general del organismo, Bibiana Massiel Kuncheff, prevista para este miércoles.
Según la revista LITIGIO, el archivo se fundamentó en que los hechos examinados «no encuadran en una figura penal», de acuerdo con el artículo 343 del Código Procesal Penal del Chaco. Para el titular del Equipo Fiscal 13, la documentación reunida permitió reconstruir la contratación, identificar a las empresas prestadoras, verificar los pagos y constatar la existencia de informes y propuestas vinculados con los servicios contratados.
La decisión abarca tres grandes líneas:
La contratación de consultoría y diagnóstico mediante ECOM, el Concurso Público N° 01/2026 instrumentado por Fiduciaria del Norte S.A. y las restantes hipótesis denunciadas, entre ellas presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y posible utilización indebida de información fiscal.
Todo eso se desestima en tiempo récord.
La cercanía temporal entre el archivo y la interpelación en la Cámara de Diputados fue cuestionada por uno de los denunciantes, que advierten «sobre la necesidad de esclarecer las contrataciones y pusieron en duda la oportunidad de la decisión judicial».
«No podemos dejar de preguntarnos por qué una denuncia de esta magnitud se archiva justo un día antes de que la funcionaria tenga que dar explicaciones», sostuvo uno de los diputados denunciantes.
¿Similitudes con la causa Bolsa de Comercio o pura casualidad?
Este archivo en tiempo récord de otra denuncia que comprometen fondos millonarios se relaciona con la fresca y reciente resolución de pedido de archivo en la famosa Causa Bolsa en la que se vieron comprometidos fondos públicos de la ciudad de Sáenz Peña y en la que un fiscal de investigaciones imputó a funcionario municipal de Sáenz Peña y a las semanas otros fiscales de la misma jurisdicción sacaron otra resolución en la que sostienen la inexistencia de delitos.
Ahora en este concurso de más de $30.000 millones de ATP
Se acaba de advertir la misma o parecida metodología judicial, ya que si bien en esta denuncia se cuestionó el Concurso Público N° 01/2026 de Fiduciaria del Norte S.A., destinado a contratar una consultoría integral en sistemas y procesos tributarios, inteligencia de negocios e integración catastral y tributaria durante 48 meses.
La apertura de ofertas se realizó el 31 de agosto de 2026 y registró cuatro propuestas iniciales: Pogua Sistemas, ATTI S.A., ATS Sistemas y Gestión y KARSTEC S.A. Sin embargo, según la documentación analizada por la Fiscalía, solo las ofertas de ATTI y ATS quedaron habilitadas para continuar a la etapa de evaluación técnica y económica.
La propuesta de ATTI ascendió a $33.504 millones, mientras que la de ATS fue de $31.680 millones por el período completo de cuatro años.
Al momento de las respuestas oficiales incorporadas al expediente, el procedimiento todavía no tenía adjudicatario y no se habían transferido fondos por esa contratación.
Los denunciantes habían planteado posibles vínculos entre las empresas que participaron de la consultoría inicial y las que se presentaron al concurso posterior.
La Fiscalía examinó esa relación y consideró que el diagnóstico previo identificaba necesidades y formulaba propuestas, mientras que la nueva contratación procuraba atenderlas mediante un servicio de mayor duración.
La resolución también analizó las observaciones formuladas a las ofertas y las condiciones de participación de las empresas.
Sin embargo, concluyó que los elementos reunidos no permitían acreditar una dirección común de las propuestas, un acuerdo para coordinar precios o restringir la competencia, ni la intervención de funcionarios en favor de intereses particulares.
En ese orden, el fiscal consideró que la magnitud económica del concurso y su duración plurianual no demostraban por sí solas la existencia de un delito. Tampoco encontró elementos suficientes para sostener que se hubieran dispuesto recursos públicos en favor de particulares sin una causa contractual o que se hubiera asumido una obligación patrimonial abusiva. (Nota completa en revista litigio)
De esta manera, se presenta otra causa que tiene como favorecidos a funcionarios públicos, fondos del pueblo y resoluciones fiscales con sorprendentes similitudes.






