Si en Resistencia los veintitrés juzgados civiles marchan más o menos al día, «más menos que más», podría pensarse que el servicio de justicia va por buen camino. Esa parece ser la lógica que impera en López y Planes al 208, donde anida la cúpula del Poder Judicial: si la capital funciona, el resto es un detalle.
Pero el interior cuenta otra historia. En Presidencia Roque Sáenz Peña, dos tribunales civiles soportan solos el colapso que provoca la alta litigiosidad. En Charata, dos juzgados de competencia universal abarcan, además del fuero civil, el laboral, la ejecución, los concursos y las quiebras, y, también, acumulan un atraso notorio, según estadísticas del propio Poder Judicial.
Mientras tanto, la capital concentra la estructura: 23 juzgados civiles frente a 2 en cada una de esas ciudades. Charata abarca: (Charata + Corzuela + Las Breñas + Gral. Pinedo, etc.) y, Presidencia Roque Sáenz Peña: (el Municipio propiamente dicho + Quitilipi + Machagai + Avia Terai + Napenay + Campo Largo + La Clotilde + Concepción del Bermejo + Pampa del Infierno + Los Frentones + Taco Pozo + toda la colonia agrícola productiva), lo que nos ilustra la enorme desproporción.
Es difícil sostener que esa distribución responde a la demanda real de justicia y no a la inercia de decidir desde un solo lugar.
Promesas que no llegan
Desde hace varios largos años, el Superior Tribunal de Justicia anuncia la puesta en marcha de nuevos juzgados en las circunscripciones del interior para «normalizar el servicio de justicia». Año tras año la novedad no llega, ¿será que pasaremos al próximo sin cambios?
La justicia que visita, pero no resuelve
Algunos ministros recorren los juzgados de paz del interior y publican fotos en redes para mostrar que la justicia «va en busca de la gente». Otros escriben versos y canciones, o disertan en congresos sobre las virtudes de experiencias presentadas como modelo de funcionamiento jurisdiccional.
Todo eso es respetable. Pero la presencia simbólica no reemplaza una sentencia en tiempo oportuno. La gente del interior no necesita una visita, necesita respuesta a sus reclamos más urgentes: un alimento, un desalojo, un crédito, un despido, la reparación de un daño.
El costo de decidir desde la capital
Cuando un justiciable de Sáenz Peña, Charata, Villa Ángela o J.J. Castelli espera años por una resolución, no sufre solo una molestia. Se resiente el acceso a la justicia, garantizado por la Constitución y por los tratados internacionales, y también la tutela judicial efectiva.
Las consecuencias son concretas:
Un proceso lento deja sin efecto práctico el derecho que se reclama. Según dónde viva, un chaqueño tiene derecho a una justicia más rápida o más lenta. Magistrados, funcionarios y empleados del interior trabajan sobrecargados.
La sociedad deja de creer que el sistema resuelve sus problemas.
Un reclamo, no una queja
No es la primera vez que escribo sobre este tema, y es cada vez más preocupante. Descentralizar no significa quitarle a Resistencia lo que tiene, sino distribuir los recursos según la demanda real. Se necesitan juzgados donde hay causas, personal donde hay trabajo y decisiones tomadas con conocimiento del territorio.
¿Seguiremos soportando imposiciones que emanan de la capital, como ocurre en el país y quizás en cada provincia? ¿En algún momento se reaccionará contra este resistenciacentrismo, incompatible con el crecimiento y el progreso del servicio de justicia?
Lo espero con mucha ilusión, pero con más necesidad.
Aldo Daniel Ávila
Abogado - Presidencia Roque Sáenz Peña
