La investigación penal por las presuntas irregularidades en las inversiones financieras de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña habría comenzado a desplazarse hacia un terreno políticamente más incómodo: el Concejo Deliberante.
El fiscal Marcelo Soto solicitó formalmente informes al cuerpo legislativo para determinar si existió o no una autorización previa que habilitara al Ejecutivo a comprometer más de 1.000 millones de pesos en operaciones dentro del mercado de capitales. En otras palabras, la Justicia estaría intentando establecer si el respaldo normativo que exige la Ley Orgánica de Municipios fue efectivamente otorgado o si, eventualmente, podría no haber existido.
La pregunta que sobrevuela el Palacio Municipal es sencilla pero delicada: ¿hubo una ordenanza específica que avalara este tipo de colocaciones financieras? Según trascendió desde sectores de la oposición, esa norma podría no figurar en el Digesto Municipal ni en las actas de sesiones. Si ese supuesto se confirmara, el problema dejaría de ser exclusivamente técnico para transformarse en un conflicto institucional de mayor envergadura.
El requerimiento del fiscal no parece un trámite menor. Podría interpretarse como un intento de reconstruir la cadena de responsabilidades administrativas y políticas que permitió que fondos públicos fueran invertidos en activos que, según se investiga, no contaban con garantías suficientes de resguardo patrimonial. Si el Concejo hubiera omitido controlar o autorizar debidamente estas operaciones, la discusión ya no sería solo sobre decisiones del Ejecutivo, sino también sobre eventuales fallas en el rol de contralor legislativo.
En términos políticos, el escenario podría resultar incómodo para más de un sector. Si existiera una autorización formal, el debate giraría en torno a quién votó y bajo qué fundamentos técnicos. Si no existiera, la pregunta sería aún más grave: ¿cómo se habilitó una operatoria de semejante magnitud sin el correspondiente aval normativo?
El Concejo Deliberante, que debería funcionar como órgano de control institucional, ahora podría encontrarse en el centro de la escena judicial. La transparencia en el manejo de los recursos públicos no es una consigna abstracta; es una obligación legal y política. Y cuando los montos superan los mil millones de pesos, cualquier omisión real o supuesta adquiere otra dimensión.
Mientras la presión judicial aumenta y podrían producirse nuevas citaciones a funcionarios del área económica e incluso al asesor financiero externo, el clima político en Sáenz Peña parece tensarse. La causa ya no se limita a una discusión técnica sobre inversiones, sino que pone en debate el funcionamiento mismo del sistema de controles municipales.
Si el Concejo actuó conforme a la ley, la documentación lo respaldará. Pero si existieran vacíos, omisiones o interpretaciones flexibles de las normas, la investigación podría abrir un capítulo que trascienda nombres propios y exponga debilidades estructurales en la administración de los recursos que pertenecen a todos los vecinos.
Por ahora, las respuestas están en los papeles. Y es precisamente eso lo que la Justicia empezó a buscar.
