En una sesión especial atravesada por un clima de tensión y con fuerte presencia policial, el Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña aprobo por mayoría el convenio firmado entre el Ejecutivo local y la Bolsa de Comercio para la restitución de fondos al municipio.
El debate se habría desarrollado este miércoles en medio de un fuerte operativo de seguridad y con una medida que generó polémica: la prensa no habría podido ingresar al recinto, lo que obligó a los medios a seguir la sesión desde el exterior, en un contexto que fue interpretado por algunos sectores como falta de transparencia.
El acuerdo, que ya habría sido suscripto previamente por el Ejecutivo municipal, establecería la devolución del dinero en cuotas. Desde el oficialismo, el concejal Pablo Hukosky defendió la iniciativa y sostuvo que el convenio “garantizaría” el retorno de los fondos, además de calificar la jornada como “positiva”.
Según esa postura, el entendimiento permitiría dar una respuesta a la comunidad respecto al destino del dinero, indicando que los primeros pagos comenzarían a registrarse en mayo y que existiría un mecanismo de control que obligaría a informar al Concejo sobre cada desembolso.
Sin embargo, desde la oposición surgieron fuertes cuestionamientos. El concejal Leonardo Arrudi advirtió que el convenio podría tener implicancias judiciales y que, en lugar de esclarecer los hechos, podría terminar condicionando investigaciones en curso.
De acuerdo a esa mirada, el acuerdo incluiría cláusulas sensibles, como el no reconocimiento de responsabilidades, pedidos de archivo de actuaciones y la posible devolución de documentación clave, lo que según planteó podría afectar la trazabilidad de los hechos investigados.
En ese sentido, desde sectores opositores se habría señalado que la aprobación del convenio, en estas condiciones, podría implicar un riesgo para el avance de eventuales causas vinculadas al manejo de fondos públicos.
El tratamiento del tema, sumado a las restricciones en el acceso a la sesión, dejó planteados interrogantes sobre los niveles de transparencia institucional y el control sobre los recursos municipales.
Mientras tanto, el convenio ya aprobado deberá comenzar a ejecutarse en los próximos meses, en un escenario donde la discusión política y judicial parece lejos de cerrarse.
