En el ruido político y judicial que rodea al escándalo por las operaciones financieras atribuidas a la Bolsa de Comercio del Chaco y su vínculo con municipios chaqueños una expectativa ganó terreno en las últimas semanas: que un informe del Tribunal de Cuentas (TdC) podría ofrecer, en el corto plazo, una «foto completa» del alcance municipal del caso.
Esa expectativa, sin embargo, choca con un calendario administrativo rígido y con los tiempos propios del órgano de control externo. Según precisaron fuentes al tanto del circuito de rendiciones municipales, el miércoles 18 de marzo de 2026 vence el plazo para que los municipios presenten ante el Tribunal su «Estado de Cuentas» o «Justificación de Cuentas» correspondiente al ejercicio 2025. Recién entonces explican el Tribunal quedaría en condiciones reales de abocarse de lleno a responder los requerimientos que fueron solicitados en el marco de investigaciones judiciales vinculadas a la operatoria de cheques «no avalados» o no garantizados.
La escena no es nueva para el Tribunal: en febrero, el organismo envió un requerimiento formal a todos los municipios chaqueños para que informen si operaron con la Bolsa, bajo qué modalidad y a través de qué instrumentos financieros, incluyendo datos sobre destino de fondos, movimientos, resultados, y normativa o actos administrativos de autorización. El pedido, tal como informó Diario Chaco, fue remitido el 10 de febrero y se fijó allí un plazo breve para responder.
Pero una cosa es recabar información puntual, y otra es producir un informe capaz de sostenerse en sede judicial cuando se pregunta por responsabilidades administrativas, patrimoniales o eventuales desvíos. En ese segundo plano aparece el verdadero cuello de botella: el cierre anual de cuentas municipales.
Prórrogas y un reloj constitucional que no es de días
El vencimiento del 18 de marzo no necesariamente implica que todos los municipios cumplirán ese día. Fuentes internas señalan que algunas comunas suelen solicitar prórrogas, que pueden pedirse por varias semanas, aunque no siempre se conceden y suelen acotarse según la fundamentación presentada. Ese margen —formal o tolerado en la práctica— mueve el punto de partida de cualquier trabajo de evaluación integral.
Además, aun cuando las rendiciones ingresen, la Constitución provincial fija que el Tribunal debe pronunciarse dentro de los ciento ochenta días hábiles desde la recepción de las rendiciones de cuentas. En términos de agenda real con cientos de expedientes, anexos contables, respaldos y revisiones cruzadas ese plazo constitucional describe un horizonte que difícilmente sea compatible con la ansiedad pública que generó el caso.
En otras palabras: incluso en el escenario más optimista, el informe con pretensión de «arrojar luz definitiva» sobre el universo municipal no será un documento de días. Será, como mínimo, un trabajo de meses.
Lo que la Fiscalía espera y lo que puede obtener en el corto plazo
En paralelo al circuito administrativo, la causa judicial sigue pidiendo piezas. La Fiscalía Nº1 de Presidencia Roque Sáenz Peña solicitó informes al Nuevo Banco del Chaco y al Tribunal de Cuentas en el marco de la investigación. Ese tipo de requerimientos suele apuntar a reconstrucciones puntuales cuentas, movimientos, circuitos de ganancias o depósitos— que podrían llegar antes que un dictamen amplio y conclusivo.
Pero el TdC, por diseño, no es un organismo de reacción inmediata: es un órgano que controla, evalúa y se pronuncia sobre rendiciones documentadas. Su trabajo se parece menos a un comunicado político y más a una auditoría que necesita expediente, respaldo y contradicción.
Una conclusión incómoda para la narrativa pública
El efecto de este calendario es claro: los pedidos de informes del Tribunal no deberían interpretarse como una promesa de esclarecimiento rápido sobre si otros municipios quedaron expuestos a operaciones con cheques no avalados o instrumentos no garantizados.
La investigación puede seguir avanzando por otras vías bancos, registros, documentación bursátil, testimonios, allanamientos en causas federales o provinciales, pero la pieza «TdC» se mueve al ritmo de la administración pública y de un reloj constitucional que cuenta en meses, no en horas.
Para una provincia que todavía intenta dimensionar cuánto dinero público entró o pudo haber entrado en un circuito financiero de alto riesgo, ese dato funciona como un balde de agua fría: el informe del Tribunal de Cuentas podrá ser relevante, quizá decisivo, pero no será inmediato.
fuente:diariochaco
