El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad de la cláusula del decreto 759/2025, dictado por el presidente, Javier Milei, que mantenía frenada la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En su resolución, el juez federal, Martín Cormick dejó sin efecto el recurso que ataba la ejecución de la norma a la Ley de Administración Financiera y dispuso su inmediata puesta en marcha.
La medida judicial responde a la presentación de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un conjunto de universidades del país y gremios docentes, en forma conjunta con la demanda promovida por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En el texto de su fallo de primera instancia, el juez declaró inconstitucional el decreto 759/2025 «en lo relativo a la mención incluida ‘sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629′». Asimismo, requirió al Ejecutivo que dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar «el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario».
El instrumento legal cuestionado hacía referencia al artículo 5° de la Ley N° 24.629, el cual estipula que «toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional».
Mediante esta disposición, el Gobierno había supeditado la vigencia de la legislación a la acreditación previa de partidas presupuestarias específicas. El dictamen judicial anula este recurso y levanta la suspensión.
FUNDAMENTOS DEL FALLO
Al fundamentar su decisión, el juez Cormick señaló que el accionar del Ejecutivo operó como un «mecanismo extraconstitucional» y representó una forma de bloqueo no contemplada en la Carta Magna. Asimismo, el fallo recordó la existencia de una medida cautelar previa que ya ordenaba dar cumplimiento a los artículos sobre salarios y becas.
En materia presupuestaria, la resolución judicial incorporó una estimación elaborada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la cual calculó que el costo de la ley para el ejercicio 2025 equivalía a sólo el 0,23% del PBI. Asimismo, el magistrado destacó que el artículo 9 de la norma brindaba criterios y recursos adecuados para que el Ejecutivo redistribuyera los presupuestos indispensables para su implementación.
