El Gobierno nacional modificará por decreto el sistema de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial y reemplazará aspectos centrales del régimen establecido en 2003 mediante el decreto 222, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner.
La reforma apunta a reducir los tiempos administrativos previos al envío de los pliegos al Senado y elimina diversas instancias contempladas en el procedimiento vigente. Entre los cambios más relevantes figura la supresión de la recomendación de considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para integrar el máximo tribunal.
También desaparece la etapa en la que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y entidades profesionales podían presentar observaciones o impugnaciones ante el Ministerio de Justicia. Desde el Ejecutivo sostienen que ese mecanismo duplicaba controles que luego se desarrollan en el Senado durante el tratamiento de los pliegos.
Hasta ahora, el procedimiento exigía publicar durante al menos tres días el nombre y los antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional. Además, se habilitaba un plazo de 15 días para recibir observaciones de la ciudadanía antes de que el Poder Ejecutivo definiera el envío del pliego a la Cámara alta.
Con la nueva normativa, la difusión de antecedentes se realizará exclusivamente a través de la página web oficial del Ministerio de Justicia y con plazos más breves. El decreto también unifica la presentación de información patrimonial, fiscal y previsional de los candidatos, quienes deberán entregar sus declaraciones juradas de bienes dentro de los cinco días posteriores a ser requeridos, conforme a la Ley de Ética Pública.
Según fuentes oficiales, los cambios buscan agilizar el procedimiento sin afectar los principios de transparencia y publicidad de los actos de gobierno. El Senado continuará siendo la instancia encargada de realizar audiencias públicas, recibir impugnaciones y otorgar o rechazar el acuerdo necesario para las designaciones.
UNA CORTE CON DOS VACANTES
La Corte Suprema funciona actualmente con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal mantiene dos vacantes tras la salida de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la jubilación de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024.
Los intentos recientes del Gobierno para completar la integración del máximo tribunal no prosperaron en el Congreso. Los pliegos impulsados para Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla atravesaron extensos procesos de debate y no consiguieron reunir la mayoría especial de dos tercios requerida en el Senado.
En ese contexto, la Casa Rosada sostiene que la reforma permitirá reducir demoras administrativas y evitar instancias superpuestas en el proceso de selección, aunque el acuerdo legislativo continuará siendo indispensable para concretar futuras designaciones.
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