El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia del Chaco resolvió por mayoría denegar los recursos extraordinarios federales interpuestos tanto por la Fundación Valdocco como por la Defensora General y por la Defensoría General del Poder Judicial en la causa por docentes truchos en El Impenetrable. De este modo, la Justicia provincial cerró el camino directo para que la Corte Suprema de Justicia de la Naciónrevise la causa originada por la clausura y el retiro del financiamiento estatal a la Unidad Educativa de Gestión Privada N° 144.
El conflicto judicial comenzó cuando la entidad privada recurrió a una acción de amparo tras las resoluciones del Ministerio de Educación que dispusieron el cese de los aportes estatales y la posterior clausura del establecimiento educativo y de su residencia. La cartera educativa lo decidió basándose en informes técnicos que detectaron irregularidades administrativas, pedagógicas y financieras.
Aunque en primera instancia se había hecho lugar al pedido de la Fundación, la Cámara de Apelaciones revirtió esa medida y rechazó la tutela judicial, decisión que luego fue confirmada por el propio Superior Tribunal de Justicia el pasado 25 de junio de este año. En ese sentonces, el tribunal subrayó que la Fundación no posee legitimación para representar a la comunidad indígena Wichi como un sujeto colectivo a los fines de exigir una «consulta previa», al no ser una entidad que acredite una representación formal o directa de dicho pueblo originario.
RECLAMO ANTE LA CORTE Y NUEVO FALLO DEL STJ
Frente a este escenario, tanto los abogados de la Fundación Valdocco como los titulares de la Defensoría General apelaron para elevar el reclamo ante la Corte Suprema. En sus planteos sostuvieron que la clausura afectó gravemente derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes de la comunidad wichí en materia de educación intercultural, alimentación, salud y vivienda, además de vulnerar el debido proceso y omitir el deber de consulta previa que protege a los pueblos indígenas.
Sin embargo, en la nueva resolución firmada este martes 13 de octubre por los jueces Néstor Enrique Varela, Alberto Mario Modi y Hugo Miguel Fonteina, la mayoría determinó que los recurrentes no lograron demostrar la existencia de una cuestión federal directa que justifique la apertura de la instancia extraordinaria nacional.
Según el voto mayoritario, el fallo anterior no negó la legitimación de la institución para defender sus propios intereses, sino que aclaró que la entidad no podía arrogarse la representación colectiva de la comunidad indígena. Asimismo, explicaron que no se probó una afectación directa que activara obligatoriamente la consulta previa del Convenio 169 de la OIT y ratificaron que el control judicial sobre la validez de los actos administrativos educativos es independiente de la obligación estatal de brindar una protección integral a los menores por las vías correspondientes.
La decisión no fue unánime. Los magistrados Iride Isabel María Grillo y Víctor Emilio Del Río votaron en disidencia y se manifestaron a favor de abrir la vía federal. Para ambos jueces, los reclamos presentados contaban con un sustento de enorme gravedad institucional y de derechos humanos, ya que estaban en juego el interés superior de la niñez indígena, la tutela judicial efectiva y el principio de no regresividad en materia de derechos sociales. En su fundamentación, sostuvieron que era indispensable que la Corte Suprema analizara la situación concreta de vulnerabilidad en la que quedaron las niñas, niños y jóvenes tras el cierre de la institución.
