La controversia por las inversiones financieras no garantizadas realizadas con fondos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones públicas del gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, quien señaló que el funcionario autorizado para operar la cuenta comitente del Municipio habría sido el secretario de Gobierno, Diego Landriscina.
Según lo expuesto en conferencia de prensa por las autoridades de la Bolsa, las operaciones en instrumentos no garantizados se vendrían realizando desde el año 2023 y eran ejecutadas a través de un profesional autorizado por la Municipalidad, que además se desempeñaba como funcionario del Ejecutivo local. La entidad aclaró que, en su rol de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), se habría limitado a actuar como intermediaria en el mercado, siguiendo las instrucciones del autorizado.
Las declaraciones surgieron luego de que el intendente Bruno Cipolini cuestionara públicamente a la conducción de la Bolsa por presuntas irregularidades que habrían derivado en pérdidas superiores a los 1.500 millones de pesos. En ese contexto, la institución buscó deslindar responsabilidades y sostuvo que el riesgo de las operaciones no garantizadas es asumido por el inversor que decide adquirir esos instrumentos.
De confirmarse esa línea argumental en sede judicial, el eje del debate podría desplazarse hacia el proceso interno de toma de decisiones dentro del Municipio. La cuestión central pasaría por determinar quién evaluó los riesgos, bajo qué criterios se aprobaron las colocaciones financieras y si existieron mecanismos de control político y administrativo sobre las operaciones.
Desde la Bolsa también se informó que la Municipalidad habría operado este tipo de instrumentos durante casi dos años, lo que abriría interrogantes sobre la supervisión periódica de las inversiones y el seguimiento institucional de los resultados. En ese sentido, podría resultar relevante establecer si las decisiones financieras fueron informadas a otras áreas del Ejecutivo o al Concejo Deliberante.
Por su parte, la entidad bursátil confirmó que presentó una denuncia penal ante la Justicia provincial y que aportará la documentación requerida, aunque aclaró que parte de la información se encuentra alcanzada por el secreto bursátil y solo podrá ser remitida mediante requerimiento judicial.
Mientras tanto, avanzan distintas investigaciones en el ámbito provincial y federal para esclarecer las responsabilidades administrativas y eventuales implicancias penales. El foco permanece puesto en el manejo de los fondos públicos y en la cadena de decisiones que habría permitido la colocación de recursos municipales en instrumentos de mayor exposición al riesgo.
En un clima político cada vez más tenso, el caso podría tener derivaciones institucionales de mayor alcance si la investigación confirma irregularidades en los procedimientos o falencias en los controles internos. Por ahora, las definiciones quedan en manos de la Justicia, pero el debate público ya se instaló en el centro de la escena local.
fuente:chacodiapordia
