La controversia y las denuncias por las inversiones financieras no garantizadas realizadas con fondos públicos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña sumó un nuevo capítulo sobre la noche del domingo con la salida del gobierno del denunciado Diego Landriscina, que fuera hasta hoy secretario de gobierno.
Como sucede en estos casos, el escrito no dice que RENUNCIA, sino un pedido de licencia, aunque la renuncia fuera el pedido de toda la comunidad ante la gravedad de los hechos y sobre todo luego de las declaraciones públicas del gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, quien señaló a Diego Landriscina como el funcionario autorizado por el municipio para operar la cuenta comitente de Sáenz Peña y que indicaba y ordenaba todas las operaciones de “inversión” de semejante cantidad de dinero”
Además de que toda la plana mayor de la Bolsa contó públicamente que desde 2023 Sáenz Peña optaba “sin garantías” sobre los fondos invertidos.
Según lo expuesto en conferencia de prensa, las autoridades de la Bolsa detallaron todos los segmentos de inversión y en ese sentido que la municipalidad de Bruno Cipolini realizó sus operaciones en el segmento de instrumentos “NO-GA no garantizados”, y es por eso que el beneficio para Sáenz Peña siempre era mayor por el mayor riesgo.
Y que la única garantía era la del librador (deudor).
La entidad aclaró que, en su rol de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), se habría limitado a actuar como mero intermediaria en el mercado, siguiendo las instrucciones del autorizado, pero Landriscina era el funcionario que autorizaba cada una de las operaciones.
Las declaraciones del viernes desnudaron la pobrísima conferencia de prensa del intendente Bruno Cipolini que intentó cuestionar públicamente a la conducción de la Bolsa por presuntas irregularidades que habrían derivado en pérdidas superiores a los 1.500 millones de pesos.
Y además dejó al descubierto a Diego Landriscina que desde hoy sale del gobierno radical en medio del escándalo por la pérdida de fondos públicos.
El contexto, la Bolsa deslindó todas las responsabilidades y sostuvo que el riesgo de las operaciones no garantizadas es asumido por el inversor que decide adquirir esos instrumentos.
PEDIDO DE RENUNCIAS Y POSIBLE MANIPULACIÓN DE PRUEBAS:
Landriscina fue durante estos días el blanco de todas las críticas aunque no es el único denunciado.
Si bien su escrito habla de su participación de buena fe, de su compromiso y “convicción”, todos saben que la presión comunitaria fue que se vaya para evitar una posible manipulación de expedientes y documentos involucrados en la administración sospechada.
Ahora resta saber que hará el intendente Bruno Cipolini con su secretaria de economía Marita Quintana que es la 3er denunciada en la justicia.
LA INVESTIGACIÓN JIDICIAL:
Respecto a la investigación que está tramitando la fiscalía penal de Sáenz Peña solo se supo que el fiscal de la causa Marcelo Soto – por ahora- se limitó a pedir al concejo que preside la radical Pechista Nora Gauna un informe sobre si las decisiones financieras fueron autorizadas y si existen ordenanzas de todos estos años emitidas por Concejo Deliberante como exige la ley.
Mientras tanto, avanzan distintas investigaciones en el ámbito provincial y federal para esclarecer las responsabilidades administrativas y eventuales implicancias penales.
El foco permanece puesto en el monto real y total de la pérdida de los fondos públicos y en la cadena de supuestas comisiones derivadas de tales inversiones dinerarias.
En un clima político cada vez más tenso, el caso podría tener derivaciones institucionales de mayor alcance si la investigación penal, administrativa y federal confirman irregularidades en los procedimientos o falencias en los controles internos.
SILENCIO DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO:
A pesar de todo el escándalo, solo Landriscina deja su cargo, mientras la secretaria de economía sigue en el cargo y la presidenta del concejo y referente del sector del ex diputado Carim Peche no emite ni expresó una sola palabra oficial sobre el escándalo, siendo que el concejo municipal es el único órgano de control interno (el externo es el tribunal de cuentas) de la gestión del intendente.
