La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña podría enfrentar uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años. La Unidad Fiscal Resistencia, a través del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, solicitó al Tribunal de Cuentas de la provincia los informes completos de control y rendición de cuentas del Municipio desde 2020 hasta la actualidad.
El requerimiento, firmado por el fiscal federal Patricio Sabadini, se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades en operatorias financieras vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco. La Justicia busca establecer si, en ese período, se advirtieron observaciones formales, irregularidades administrativas o incluso denuncias penales relacionadas con el manejo de fondos públicos municipales.
En términos concretos, la Fiscalía intenta determinar si existieron incumplimientos en la administración y rendición de recursos que habrían sido colocados en instrumentos bursátiles, operaciones que según trascendió podrían haber derivado en pérdidas cercanas a los 1.000 millones de pesos.
El dato no es menor. Si la Justicia federal recurre al Tribunal de Cuentas para revisar seis años de rendiciones, podría interpretarse que el foco ya no está únicamente en una operatoria puntual, sino en el sistema de control financiero del Municipio en su conjunto. En otras palabras, no se trataría solo de una inversión fallida, sino de evaluar si el esquema de supervisión y auditoría funcionó correctamente durante todo el período analizado.
La Fiscalía solicitó específicamente que se informe si se detectaron irregularidades y si, en su caso, se promovieron denuncias penales, adjuntando copia de las mismas. Este punto podría resultar clave: si el órgano de control provincial hubiera advertido inconsistencias y no se hubieran adoptado medidas correctivas, el escenario institucional podría complejizarse aún más.
Desde una lectura política, el pedido podría ser interpretado como una señal de que la investigación avanza hacia niveles más estructurales de responsabilidad administrativa. Si se confirmara que las operaciones bursátiles se realizaron sin un control adecuado o con observaciones previas ignoradas, el debate ya no giraría solo en torno a decisiones técnicas, sino sobre eventuales fallas en la conducción financiera del Municipio.
También podría abrirse otro interrogante: si las rendiciones de cuentas fueron aprobadas sin objeciones sustanciales, ¿qué mecanismos permitieron que se produjera una pérdida de semejante magnitud? Y si hubo observaciones, ¿cómo se gestionaron internamente?
Por ahora, la causa se encuentra en etapa investigativa y no existen imputaciones formales derivadas de este requerimiento. Sin embargo, el hecho de que la Justicia federal revise seis años de administración municipal podría interpretarse como un indicio de la gravedad institucional que el caso ha adquirido.
Mientras tanto, la discusión pública vuelve a centrarse en el manejo de los fondos que pertenecen a los contribuyentes de Sáenz Peña. Y en ese terreno, más allá de lo que determine la Justicia, la exigencia social parece clara: transparencia, control efectivo y responsabilidades definidas.
