La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante 2025 expuso un drástico retroceso del gasto real. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto nacional a diciembre del año pasado registró una caída interanual del 29% en comparación con 2023, marcando uno de los ajustes más profundos de los últimos años y encendiendo señales de alarma en áreas clave del Estado.
El relevamiento revela que el recorte fue extendido y alcanzó a la mayoría de los ministerios, organismos descentralizados y programas sociales, productivos y de infraestructura. En contraste con este panorama, la Secretaría de Inteligencia del Estado, bajo la órbita de la Presidencia, mostró un incremento real del 52% en su ejecución, convirtiéndose en una de las pocas dependencias que escapó al ajuste.
CEPA también subraya que los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 8% del gasto total, manteniendo un peso relevante dentro del presupuesto aun cuando el resto de las partidas sufrió una contracción significativa.
Salud en emergencia
El sector sanitario aparece entre los más castigados. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió un recorte del 72%, mientras que los hospitales nacionales registraron caídas que van del 20% al 42%. Entre los casos más relevantes figuran el Hospital Laura Bonaparte (-38%), el Instituto Malbrán (-26%) y la ANMAT (-25%). La única excepción fue el INCUCAI, que mostró un incremento del 24%.
El panorama se vuelve aún más crítico al observar los programas sanitarios: Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles tuvieron ejecución prácticamente nula (-100%), al igual que otros planes vinculados a patologías específicas y enfermedades endémicas. Solo Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica presentó una leve suba del 5%.
Ciencia, educación y obra pública, en retroceso
El sistema científico-tecnológico tampoco quedó al margen del ajuste. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 82%, el CONICET un 32%, el Servicio Meteorológico Nacional un 34% y la CONAE un 19%.
En educación, el recorte fue severo: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente directamente no tuvieron ejecución. Becas y Gestión Estudiantil retrocedió un 78%, Acciones de Formación Docente un 75% y el área de educación superior un 29%.
La obra pública aparece como uno de los rubros más golpeados, con desplomes de entre 74% y 100%. Programas como Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-98%), Construcción de Túneles y Puentes (-95%) y Desarrollo de Obra Pública (-93,5%) prácticamente quedaron paralizados.
Impacto social y recorte a las provincias
En desarrollo social, los recortes rozaron el desmantelamiento de varias políticas: Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social cayeron un 100%, Apoyo a la Primera Infancia un 90% y Comedores Comunitarios y Merenderos un 52%. La ANSES tuvo una reducción del 5%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el INAES registraron caídas del 73%.
Las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios también se desplomaron. La asistencia financiera fue recortada en un 100% y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires dejó de ejecutarse por completo.
Un cambio de rumbo que genera alarma
En sus conclusiones, CEPA advierte que la magnitud del ajuste pone en riesgo la continuidad de políticas públicas esenciales en salud, educación, ciencia, desarrollo social, transporte y obra pública. Al mismo tiempo, el incremento del gasto en Inteligencia abre interrogantes sobre las prioridades del Estado en un contexto económico y social adverso.
El informe sostiene que este escenario refleja un giro profundo en el rol del Estado nacional, con una fuerte reducción de su capacidad de intervención en áreas estratégicas y de impacto directo sobre la vida cotidiana de la población.
