La soberbia es un bumerán que la política argentina suele lanzar con demasiada ligereza, olvidando que tarde o temprano regresa para golpear la misma frente que la parió. Durante su ascenso meteórico, Javier Milei construyó un altar moral basado en una premisa tan atractiva como violenta: ellos eran los puros, los portadores de las fuerzas del cielo; el resto, una podredumbre monolítica llamada «la casta». Sin embargo, el ejercicio del poder tiene la incómoda costumbre de desnudar las debilidades y, en su primera gestión, el relato libertario ha comenzado a desmoronarse bajo el peso de sus propias sombras judiciales.
El Gobierno que señalaba con el dedo acusador, que montaba shows mediáticos de indignación y respondía con agresivo desdén y prepotencia a las preguntas de los periodistas independientes, hoy balbucea. Las explicaciones técnicas y las teorías de conspiración mediática ya no alcanzan para tapar una cloaca que ha comenzado a desbordar. Los mismos que prometieron una transparencia absoluta hoy se enfrentan a investigaciones de una gravedad institucional alarmante, que tocan las fibras más íntimas de la estructura presidencial.
Las causas judiciales que salpican al entorno presidencial son el reflejo de un pragmatismo rancio que mimetizó al oficialismo con lo peor del pasado. El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investiga el cobro de presuntas coimas y sobreprecios de laboratorios a través de droguerías, abrió un boquete que llegó hasta la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A esto se le suman las causas que acorralan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras detectarse irregularidades patrimoniales en la compra de propiedades y el polémico uso del avión presidencial para traslados particulares. Incluso las viejas denuncias vinculadas a fraudes con criptomonedas como la estafa de la divisa «$LIBRA» regresan como fantasmas para recordarle al electorado que la novedad nunca fue tan limpia como prometían.
Ante esta realidad, la respuesta oficial es la misma receta que el kirchnerismo o el macrismo utilizaban en sus peores horas: la victimización. El 95% del periodismo pasó de ser «tosco» a ser considerado «cómplice de operaciones», mientras los funcionarios imputados se abroquelan en un pacto de silencio y defensa de la impunidad. El «no sabíamos» o el «son ataques de la oposición» resuenan con una ironía desgarradora en los mismos pasillos donde antes se gritaba que un gobernante no podía ignorar los delitos de sus subordinados.
El verdadero drama de este escenario no es solo la decepción de un electorado estafado, sino el vacío que se proyecta rumbo al 2027. La ciudadanía se enfrenta a una paradoja perversa. De cara a las próximas elecciones presidenciales, las opciones que asoman en la pizarra son una continuidad libertaria ya sea con el intento de reelección del propio Milei, la postulación de su hermana o algún delfín ungido por el dedo presidencial o el regreso al binarismo tradicional que ya fracasó. La gente, cansada de que le prometan revoluciones morales que terminan en los tribunales de Comodoro Py, busca desesperadamente una alternativa real. Si la política no logra parir una opción que rompa esta inercia, la Argentina estará condenada a elegir nuevamente entre los saqueadores del pasado o estos nuevos administradores que resultaron ser, para dolor de sus votantes, más casta que nunca.
Por: Marcelo Pucheta
