La compra de cinco minibuses por parte del Municipio de Sáenz Peña continúa generando serias dudas y fuertes cuestionamientos, no solo por la falta de información oficial sobre el monto total de la operación, sino también por el deficiente funcionamiento del servicio de transporte que prestan estas unidades.
Según valores de mercado, la adquisición superaría los 1.000 millones de pesos, e incluso algunas versiones hablan de 1.500 millones, en el marco de una operatoria financiera de endeudamiento del Estado municipal. Sin embargo, no existen datos oficiales publicados que detallen el costo final, los proveedores, el proceso de contratación ni los funcionarios que intervinieron en la compra.
A esto se suma un problema central: hay muchas dudas sobre el recorrido de los minibuses. Vecinos denuncian mucha paralización del servicio sin avisos, reclamos incesantes por la frecuencia, falta de paso en horarios pico y ramales poco claros, lo que genera desorganización y malestar entre los usuarios del transporte urbano.
Falta de transparencia en el gasto público
El gasto público y el manejo de los recursos del Estado no pueden ser secretos. Esta compra hubiese sido una oportunidad para transparentar cuánto se gastó, cómo se compró, a quién se le compró y qué procedimiento administrativo se utilizó. No obstante, en los partes de prensa oficiales que se emiten desde el Municipio no se informa el total del gasto que deberán afrontar los vecinos.
Tampoco se aclaró si la adquisición se realizó mediante licitación pública, licitación privada o compra directa, ni hasta qué monto está autorizado el Ejecutivo municipal a comprar sin licitar. Todo indica que se habría evitado una licitación pública, pese a tratarse de una compra millonaria.
Compras directas y ausencia de control
En Sáenz Peña hace más de 20 años no se licitan obras públicas de esta magnitud, ni compras importantes como camiones, maquinaria o vehículos. Tampoco se exhiben datos de inversión en los carteles de obra, una práctica que viola principios básicos del derecho administrativo, donde la licitación debe ser la regla y la contratación directa, la excepción.
Surge entonces otro interrogante:
¿Dónde está el Concejo Municipal ante estas compras millonarias?
No se conoce si autorizó no licitar, si habilitó compras directas, o si avaló por excepción un endeudamiento de semejante magnitud sin ordenar una licitación.
Lo mismo ocurre con los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que hasta el momento no se han pronunciado mientras se administran recursos que pertenecen a toda la comunidad.
La pregunta que sigue sin respuesta
Mientras el servicio presenta frecuencias irregulares, recorridos poco claros y paralizaciones sin aviso, la pregunta central continúa sin respuesta:
¿Cuántos miles de millones de pesos costaron realmente los cinco minibuses del Municipio de Sáenz Peña y por qué no se licitó su compra?
