Los cuarteles de todo el país activaron sus sirenas para reclamar casi $60.000 millones adeudados por el Ejecutivo. También exigieron compensaciones por emergencias en rutas concesionadas, devolución del IVA y facilidades para importar vehículos de emergencia.
A las 10 de la mañana de este jueves, las sirenas de los cuarteles de todo el país sonaron al mismo tiempo. El denominado “sirenazo” fue convocado por los Bomberos Voluntarios para reclamar al gobierno de Javier Milei la transferencia de casi $60.000 millones correspondientes al financiamiento establecido por la Ley 25.054.
El reclamo apunta a fondos que surgen de un porcentaje que se cobra sobre las pólizas de seguro. La normativa establece que, con excepción de los seguros de vida, el 0,3% de cada seguro contratado en Argentina debe destinarse al sistema. La recaudación está a cargo del Ministerio de Economía, que luego distribuye el dinero en partes iguales entre las instituciones.
Según denunció el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), el Estado mantiene pendientes recursos correspondientes a remanentes de 2025 y períodos anteriores. El cálculo equivale a casi $45 millones por cada asociación. El esquema de financiamiento vincula al sistema con el Estado mediante la Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio de Seguridad.
Entre los pedidos también aparece una compensación por la asistencia que las instituciones brindan en rutas concesionadas. Desde el SNBV señalaron que ponen vehículos, recursos y personal a disposición frente a emergencias sin recibir una contraprestación.
Por eso, solicitaron que los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones, establecidos mediante el Decreto 97/2025, incorporen convenios obligatorios. La propuesta contempla una contraprestación mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y compensaciones por daños sufridos por los cuarteles que intervienen en siniestros sobre esas rutas.
Otro de los reclamos apunta al reintegro del IVA a través de ARCA para las compras de bienes, servicios y equipamiento. A su vez, pidieron al Ministerio de Economía y al Banco Central “agilizar los pagos al exterior”.
El planteo está relacionado con el costo de los vehículos de emergencia fabricados en el país. Según explicaron, ante esos valores los cuarteles deben recurrir a unidades usadas del exterior para poder garantizar la prestación del servicio.
En Argentina funcionan más de mil asociaciones, que reúnen a más de 52.000 agentes voluntarios. Se trata de instituciones con fuerte presencia, especialmente en el interior del país, donde sus tareas van más allá de la atención de incendios y otras emergencias.
Los números del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) muestran la magnitud de esa actividad: durante 2026 ya fueron atendidos 157.229 servicios. De ese total, 94.536 casos, equivalentes al 60%, fueron emergencias. Los otros 62.536 llamados, el 40%, correspondieron a tareas programadas como suministro de agua, representación y prevención.
«Gastamos 40 millones de pesos al mes para funcionar y el subsidio anual es de 90 millones», explicó este jueves Daniel Virga, jefe de los Bomberos Voluntarios de San Martín, durante una entrevista con AM530.
El dirigente agregó que en la Provincia de Buenos Aires las asociaciones reciben además un subsidio provincial, aunque aclaró que ese aporte depende de una recaudación que también cayó de manera significativa.
Virga remarcó que las instituciones están reconocidas como “servidores públicos”, pero cuestionó que, pese a esa condición, deben afrontar el IVA del combustible y no cuentan siquiera con un subsidio para cubrir ese gasto.
