En medio del escándalo que rodea a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña por las inversiones fallidas en la Bolsa de Comercio, la palabra del secretario de Gobierno, Diego Landricina, llegó. Pero llegó sin precisiones.
Su mensaje público podría interpretarse como un intento de despegarse políticamente del conflicto sin entrar en el fondo de la cuestión. “He sido objeto de manifestaciones injustificadas”, sostuvo, y dejó en manos de la Justicia el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, en ningún tramo de su declaración habría detallado cuál fue su rol concreto en las operaciones financieras que hoy están bajo análisis.
Si se toman en cuenta las declaraciones del gerente de la Bolsa, quien lo señaló como el profesional autorizado a través del cual operaba la cuenta comitente municipal, cabría esperar una explicación técnica y puntual. No ocurrió. Y en política, cuando las explicaciones no aparecen, el vacío suele llenarse con sospechas.
Podría suponerse que la estrategia elegida es la del silencio prudente: hablar lo mínimo posible mientras avanza la investigación judicial. Pero también podría interpretarse como una decisión calculada para evitar dar detalles que comprometan políticamente a la gestión.
Landricina no es un funcionario menor. Es uno de los hombres más cercanos al intendente Bruno Cipolini y ocupa un lugar central en el esquema de decisiones del municipio. En ese contexto, la falta de precisiones no solo impacta sobre su figura personal, sino que inevitablemente salpica a la conducción política de la ciudad.
El eje del problema no es únicamente jurídico. Es político e institucional. Si efectivamente hubo operaciones no garantizadas que generaron pérdidas millonarias con fondos públicos, la ciudadanía podría preguntarse quién evaluó los riesgos, quién autorizó los movimientos y bajo qué criterios se tomaron esas decisiones. No alcanza con invocar a la Justicia; la política también debe dar explicaciones públicas.
Podría sostenerse que el funcionario optó por un discurso defensivo, centrado en la honorabilidad personal y en la confianza en los tiempos judiciales. Pero el debate de fondo no pasa por agravios mediáticos, sino por la administración de recursos municipales. Cuando se trata de dinero público, la transparencia no debería ser opcional.
En este escenario, la estrategia del bajo perfil podría ser interpretada como una manera de ganar tiempo. Sin embargo, el tiempo en crisis políticas suele jugar en contra si no va acompañado de información clara.
Mientras la investigación avanza, el foco seguirá puesto en el manejo de los fondos y en las responsabilidades administrativas que eventualmente puedan surgir. Porque más allá de lo que determine la Justicia, la política en términos institucionales no debería limitarse a esperar el fallo: debería ofrecer certezas.
Y por ahora, esas certezas no llegaron.
