Por Nada Digital
En plena era de promesas de eficiencia y modernización, lo que debería ser una gestión responsable de los recursos públicos se está transformando en un profundo agravio para miles de chaqueños y chaqueñas que trabajan para sostener al Estado. Las recientes decisiones del gobierno provincial de Leandro Zdero, que implican recortes drásticos en los ingresos de trabajadores del Ministerio de Producción y la eliminación de fondos clave como el Fondo Estímulo Productivo, han detonando un conflicto que ya se siente en las calles de Resistencia y en las plazas de toda la provincia.
No se trata solo de cifras en una planilla presupuestaria: estamos hablando de personas que, de un día para otro, ven cómo su ingreso se reduce de manera significativa, afectando su capacidad para sostener a sus familias y cumplir con sus obligaciones más básicas. Las protestas y movilizaciones no son un capricho, sino la respuesta lógica de quienes sienten que su vocación de servicio y su dignidad laboral están siendo pulverizadas bajo la excusa de “ajustes”.
Es legítimo que un gobierno busque ordenar las cuentas públicas. Pero ese orden no puede construirse sobre la base de transferir el costo de la crisis hacia los sectores más vulnerables; mucho menos puede justificarse con la eliminación de instrumentos que han permitido consolidar derechos adquiridos y estabilidad económica para trabajadores estatales. La política fiscal no puede ser una espada de Damocles que penda sobre las cabezas de quienes ya aportan cada día con su trabajo al funcionamiento del Estado.
Cuando las protestas se hacen masivas, cuando las voces de docentes, empleados y jubilados resuenan en las calles, no deberíamos ignorarlas. Porque detrás de cada reclamo hay historias de vida, cuentas que pagar, sueños que sostener. La gestión pública no puede ser una ecuación fría desconectada de las realidades humanas que impacta. La calidad de una democracia también se mide por cómo trata a quienes dedican su vida a servir a la comunidad.
El Gobierno provincial tiene la responsabilidad no solo de administrar recursos, sino de construir consenso, proteger derechos y asegurar que los ajustes no se traduzcan en injusticias. Es hora de abrir canales de diálogo genuino y de revisar decisiones que hoy parecen más como un retroceso que como una propuesta de futuro.
Porque ajustar sin escuchar es recortar el futuro de una comunidad entera.
