Por Nada Digital
El nuevo paro de colectivos en el Chaco, que se extenderá al menos hasta el lunes por el pago incompleto de los salarios, vuelve a dejar al descubierto una realidad que ya no admite parches ni excusas: el sistema de transporte público está quebrado, y su crisis la sufren siempre los mismos.
Que trabajadores hayan cobrado apenas el 50% de su sueldo no es un dato menor ni una cuestión administrativa. Es una vulneración directa al derecho básico de cobrar por el trabajo realizado. La decisión de la Unión Tranviarios Automotor de sostener la medida de fuerza aparece, en ese contexto, como una consecuencia previsible de una cadena de incumplimientos que se repite mes tras mes.
Pero mientras el conflicto se discute entre gremios, empresas y Estado, hay una cuarta parte casi invisible en esta ecuación: los usuarios. Miles de chaqueños quedaron nuevamente sin transporte durante todo el fin de semana, muchos de ellos sin alternativas reales para trasladarse. El colectivo no es un lujo ni una opción secundaria; es la única herramienta de movilidad para trabajadores, estudiantes y jubilados.
La situación de las empresas de transporte tampoco puede analizarse de manera aislada. Concursos de acreedores, suspensiones, procedimientos preventivos de crisis y servicios cada vez más deteriorados forman parte de un mismo proceso de desfinanciamiento que lleva años. Sin inversión, sin previsibilidad y sin un esquema claro de subsidios, el sistema se sostiene apenas por inercia.
El aumento del boleto, lejos de resolver el problema, amenaza con profundizarlo. Con tarifas que superan largamente el poder adquisitivo de la mayoría de los usuarios, el resultado es previsible: menos pasajeros, menos recaudación y un círculo vicioso que termina afectando tanto a trabajadores como a empresas.
En este escenario, el Estado no puede correrse ni mirar para otro lado. El transporte público es un servicio esencial y, como tal, requiere planificación, control y financiamiento. No alcanza con promesas verbales ni con transferencias que llegan tarde y a medias. La falta de certezas es, hoy, uno de los principales factores que empuja al sistema al borde del colapso.
La gente no es responsable de esta crisis. No lo son los choferes que reclaman cobrar su sueldo completo, ni los usuarios que dependen del colectivo para vivir. La responsabilidad recae en quienes toman decisiones, diseñan políticas y administran recursos.
El paro confirmado hasta el lunes es apenas un síntoma más de un problema estructural que el Chaco arrastra desde hace tiempo. Seguir postergando soluciones de fondo solo garantiza que este conflicto vuelva a repetirse. Y cada vez, con un costo social más alto.
